POSICIONAMIENTO POLÍTICO. EL ESTADO MEXICANO DEBE CUMPLIR EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL... Ciudad de México, enero de 2026 Las y los trabajadores de la Secretaría de Cultura denunciamos una contradicción grave e insostenible: el propio Estado mexicano incumple el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al mantener a su personal percibiendo salarios por debajo del salario mínimo constitucional. El artículo 123 establece con claridad que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural, y que en ningún caso podrá ser disminuido. Este mandato no admite excepciones ni interpretaciones administrativas. Sin embargo, en la práctica, trabajadoras y trabajadores del sector cultural sostenemos instituciones públicas percibiendo ingresos inferiores al mínimo legal. Mientras el Estado exige el cumplimiento de este precepto constitucional al sector privado y presume avances en materia salarial, incurre en una omisión sistemática frente a quienes garantizamos el funcionamiento cotidiano de museos, centros culturales, bibliotecas y programas culturales públicos. No se trata de una falla técnica ni de una anomalía reciente. Es una decisión política sostenida mediante la contención del gasto salarial, el congelamiento de tabuladores, la negativa a realizar nivelaciones y la postergación indefinida de correcciones estructurales, trasladando el costo de estas decisiones a los trabajadores de menores ingresos. El resultado es jurídicamente inadmisible: empleados del propio Estado cumpliendo jornadas completas con salarios inferiores al mínimo constitucional, en abierta contradicción con el artículo 123, Apartado A, fracción VI, así como con los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales. Esta situación no obedece a la inexistencia de recursos públicos. El presupuesto federal ha registrado incrementos y se ha orientado a diversas prioridades de política pública. Ninguna de ellas puede justificarse si su financiamiento se sustenta en la violación de un derecho constitucional. La política de austeridad pierde toda legitimidad cuando deja de combatir privilegios y comienza a institucionalizar la precariedad laboral dentro del Estado. El salario mínimo no es una política discrecional ni una meta gradual: es un piso constitucional obligatorio. El Estado mexicano no puede erigirse como garante del derecho al salario digno mientras lo incumple en su carácter de empleador. Por ello, las y los trabajadores de la Secretaría de Cultura exigimos: La nivelación inmediata de todos los salarios federales que se encuentren por debajo del salario mínimo constitucional, en cumplimiento estricto del artículo 123. La actualización estructural de los tabuladores salariales rezagados, particularmente en los niveles operativos. La reasignación presupuestal necesaria, sin simulaciones, parches administrativos ni soluciones temporales. Responsabilidad política y administrativa, con plazos definidos y compromisos verificables. Advertimos con toda claridad: no puede hablarse de justicia social ni de Estado de derecho mientras persista la pobreza laboral dentro del propio gobierno. La dignidad no se administra. La Constitución no se interpreta a conveniencia. El salario mínimo se cumple. El Estado mexicano debe empezar por casa.